Según la Encuesta Nacional de Hogares, la pobreza urbana en Lima y el Callao pasó del 14,2% en el 2019 al 28,7% en el 2023. Esto significa que en la metrópoli nacional viven 3,2 millones de personas en situación de pobreza, y más de 300 mil en situación de pobreza extrema.
El PBI de Lima Metropolitana representa el 45% del PBI nacional, es similar al de países como Ecuador y Puerto Rico, y casi duplica el PBI de Costa Rica y Uruguay. Por otro lado, la capital concentra un tercio de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura al 2025 (MEF) que, en su conjunto, significan inversiones públicas y privadas por más de S/70 mil millones. Asimismo, Lima volverá a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, un hecho que representará una inversión estimada de S/1.400 millones. Todo esto debería generar una importante demanda de empleo formal y un notable incremento en el consumo, que se traduzcan en mayores ingresos para las municipalidades. Recordemos que el fondo común municipal se financia con el 2% que se cobra dentro del IGV.
Pero la realidad es otra: el 62,4% de los trabajadores se desempeñan en el sector informal (MTPE, 2022), el 70% de las viviendas se construyen de manera informal y el 91% del suelo urbanizado entre el 2001 y el 2018 es de origen informal o ilegal (GRADE, 2020).
¿Cómo se conectan estas cifras?
Si ubicamos espacialmente a las familias con ingresos equivalentes a los de la PEA informal, y sumamos a las familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, vemos que dicha ubicación coincide con zonas que tienen un alto porcentaje de viviendas autoconstruidas y donde la mayor parte de los terrenos tienen un origen informal o ilegal. Esta situación impacta directamente en la posibilidad de sus habitantes de poder desarrollar una vida digna, lo que en términos de la Constitución significa poder ejercer el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la recreación, al ocio y al libre tránsito, entre otros. Solo los distritos de Lima Centro ofrecen esas condiciones.
Sobre esto escribió Carolina Trivelli una muy interesante columna (El Comercio, 2019) en la que planteó que para poder salir permanentemente de la pobreza se debía garantizar una oferta de servicios públicos y privados
“que permita maximizar las opciones de que estas familias se inserten en una senda sostenida y sostenible de progreso y bienestar”.
Sin planificación, esto es imposible, pues la informalidad no invierte en servicios básicos, ni reserva suelo para equipamientos y vías. Son negocios perversos y mafiosos que se aprovechan de las limitaciones del Estado para atender la demanda de vivienda, y de las debilidades de las municipalidades para administrar y fiscalizar el uso del suelo. El resultado es mayor pobreza y desigualdad.
¿Qué acciones debemos tomar para revertir esta situación?
Primero, debemos comprender que, sin un marco de planificación que permita una adecuada gestión del suelo y priorice las inversiones, es imposible gestionar una metrópoli.
Segundo, para que se mejore la distribución de la riqueza se debe promover las obras que permitan reducir las brechas de servicios y equipamientos en las zonas más vulnerables, así como una red de transporte público seguro y eficiente que reduzca significativamente los tiempos de desplazamiento.
Tercero, necesitamos actuar para mejorar la gobernanza metropolitana. Una ciudad con dos provincias-regiones, una entidad que ve el transporte, otra que ve el agua y el saneamiento, y 50 distritos es inviable. Una posible solución es crear una Mancomunidad Metropolitana de escala regional, que facilite la actuación en aspectos claves como la planificación, la gestión del suelo, el transporte y las grandes obras de infraestructura, involucrando también a las provincias de Huaral, Canta, Huarochirí y Cañete. Esta debe estar acompañada del sustancial incremento del presupuesto de Lima y el Callao, mediante la redistribución del fondo común municipal y del impuesto predial, y la implementación del cobro por plusvalías.
Como vemos, para salir estructuralmente de la pobreza necesitamos, más que ayudas puntuales, planificar una ciudad que nos ofrezca el soporte para el desarrollo de nuestras capacidades y talentos. Hacia ello debemos apuntar.
