La pandemia del COVID-19 ha desnudado las enormes debilidades y limitaciones que tenemos como Nación. Nuestras ciudades, como construcciones sociales que son, han sido uno de los escenarios donde se han evidenciado con mayor fuerza el egoísmo e indiferencia que nos lastran, así como la solidaridad y la esperanza que nos unen. Lamentablemente, las brechas generadas por lo primero se han tornado, en algunos casos, infranqueables, mostrándonos los grandes retos que, en materia de urbanismo, tenemos que asumir para que la “nueva normalidad” sea más justa e inclusiva que la previa a la pandemia.
Podríamos enumerar esos retos, pero considero que hay un concepto que los aglutina: el “derecho a la ciudad” como ampliación del “derecho a la vivienda”, que fue eliminado en la Constitución de 1993 pero que está subyacente en la mayoría de derechos fundamentales: al libre desarrollo y bienestar, a la no discriminación, a elegir el lugar de residencia, al disfrute del tiempo libre y al descanso, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a la educación y a la salud.
¿Por qué es importante que el Estado Peruano reconozca el derecho a la ciudad como un derecho fundamental?
Porque con ello se estaría evidenciando la integralidad del bienestar, es decir, que toda intervención o inversión del Estado orientada a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos tendría que estar enmarcada en un modelo de desarrollo urbano que la justifique y, por ende, permita maximizar sus beneficios.
“¿Por qué es importante que el Estado Peruano reconozca el derecho a la ciudad como un derecho fundamental? Porque con ello se estaría evidenciando la integralidad del bienestar, es decir, que toda intervención o inversión del Estado orientada a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos tendría que estar enmarcada en un modelo de desarrollo urbano que la justifique y, por ende, permita maximizar sus beneficios.”
Por ejemplo, no deberíamos ver más pistas recién terminadas que son rotas para ampliar la red de agua y desagüe; proyectos de vivienda social sin parques, colegios ni postas médicas; nuevas urbanizaciones sin conexión a la red de transporte público; titulación de viviendas a las que no se puede llegar con una ambulancia o proyectos de teleféricos para viviendas sin servicios básicos.
“El derecho a la ciudad se viabiliza mediante la planificación urbana estratégica. En el mundo tenemos grandes muestras de este enfoque integral de desarrollo y de su aporte en la reducción de la vulnerabilidad social.”
Ciudades como Barcelona, Londres, Berlín y París han renovado importantes sectores mediante intervenciones integrales, utilizando, incluso, grandes eventos como gatilladores del cambio. En nuestro continente tenemos el destacado ejemplo de la ciudad de Medellín que, con la implementación de los Proyectos Urbanos Integrales, consiguió conectar, equipar y valorar sectores históricamente marginados.
“En nuestro país hemos intentado seguir esos ejemplos con escasos o nulos resultados, principalmente porque la planificación urbana no es determinante para viabilizar la inversión pública, y el Estado no reconoce a la ciudad como una unidad espacial y social, en la que cada acción impacta de forma transversal en la vida de las personas.”
En el caso de Lima tenemos proyectos millonarios de movilidad como el Metro Línea 2; de vivienda social como los de Carabayllo, Comas y Ancón; o de recreación y deporte como algunos parques zonales y el legado de los Juegos Panamericanos. Todos están desconectados de la ciudad, desperdiciados o muy poco aprovechados por no haber sido pensados bajo un enfoque urbano integral, que te lo da la planificación urbana. No lo debemos permitir más.
“Dejemos de pensar que el problema es la falta de vivienda y que este se soluciona estimulando la generación de viviendas sin ciudad, cuando el problema de fondo es la falta de ciudades planificadas, inclusivas, seguras y saludables, donde puedan desarrollarse ofertas diversas para vivir dignamente.”
Debemos exigir el derecho a la ciudad como el legado del Bicentenario hacia el Tricentenario. Este es un reconocimiento a la integralidad del bienestar, pues la única forma que tendremos de salir de la pobreza de manera sostenida es con ciudades que nos garanticen el desarrollo de nuestros derechos básicos, exaltados en ese derecho mayor.
