«Es imprescindible abordar la sostenibilidad desde una escala urbana o no será verdaderamente sostenible»,
expresó con total seguridad en sí mismo el arquitecto y urbanista valenciano Juan Palop Casado con motivo de la entrega hace unos meses en Madrid de los I Premios BREEAM España a la construcción sostenible.
Estoy seguro de que su rotunda afirmación fue recibida con los brazos abiertos por todos aquellos asistentes que, como yo, estamos totalmente convencidos de la importancia de la planificación y el paisaje como herramienta ineludible para abordar o revertir muchos de los desafíos eco sociales del mundo en el que vivimos o al que nos dirigimos.
Además, sus palabras estuvieron acompañadas de hechos en forma de una genial presentación de su Masterplan para el recinto ferial de Canarias (INFECAR) en Las Palmas. Se trata de un proyecto que aborda de forma integral la renovación y actualización de un espacio muy heterogéneo y degradado y que persigue trascender sus propios límites y «exportar» energía, infraestructura verde e inclusión social a su entorno, lo que estoy seguro de que hizo reflexionar positivamente incluso a todos aquellos enfrascados en otro tipo de escalas de intervención más reducidas.
Al fin y al cabo -pensé-, en la actualidad, ya casi nadie cuestiona la relevancia y necesidad de promover la sostenibilidad en los entornos urbanos y el inmenso potencial de nuestras ciudades, ¿no?
Pero para llegar a este punto de concienciación social y convencimiento más o menos global hemos tenido que transitar un largo recorrido, en el cual la rápida urbanización mundial y sus impactos negativos en las condiciones de vida de las personas han ido cobrando cada vez mayor relevancia.
Como claro ejemplo de ello podemos citar la evolución histórica de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (popularmente conocidas como Hábitat), las cuales, partiendo del reconocimiento del acceso a la vivienda como un derecho fundamental básico y la definición de lo que es una «vivienda digna» (Vancouver, 1976) han ido profundizando cada vez más en las causas del crecimiento urbano desmesurado (Estambul, 1996), identificando a la pobreza generalizada como principal obstáculo para su racionalización y expresando la urgente necesidad de mejoras en la seguridad jurídica y las condiciones ambientales.
Puede afirmarse que este proceso «evolutivo» culminó finalmente en la 3ª conferencia sobre asentamientos humanos Hábitat III (Quito, 2016), donde, de forma alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada un año antes y sus correspondientes ODS, se adoptó la Nueva Agenda Urbana. Este documento nace del convencimiento de que todo lo verdaderamente relevante que está pasando y que seguirá pasando en el mundo sucede y sucederá cada vez más en las ciudades, por lo que ellas han de ser el centro de las políticas sociales, económicas y medioambientales que se adopten para impulsar el desarrollo sostenible.1
La realidad de las cifras confirma este particular, toda vez que, a pesar de que solo representan el 3% del total de la superficie terrestre, las ciudades son responsables de más del 70% del consumo energético mundial y generan aproximadamente la misma proporción de emisiones de carbono. Es evidente que este desequilibrio exige replantear con urgencia nuestra forma de habitar hacia modelos más resilientes y respetuosos con el medio ambiente e, indirectamente, supone reconocer que la sostenibilidad sólo puede ser realmente factible si se aplica (al menos) a escala urbana.
Llegados a este punto, son innumerables los beneficios metodológicos que conlleva el hecho de abordar la sostenibilidad desde esta condición, pero tal vez el más interesante a medio y largo plazo sea el relacionado con la concepción de la ciudad como un ente construido de forma colectiva. Esta sensación de constructo comunitario e identitario tiene el potencial suficiente para constituirse en el elemento nuclear y transformador necesario para, por fin, llevar la teoría a la práctica e interpela de forma simultánea a aspectos dimensionales y de gobernanza.
Por un lado, la escala urbanística -entendida desde su alcance geográfico- permite implementar una suficiente visión holística y transdisciplinar que busque la mayor conciliación posible entre los intereses cruzados de todos los actores relevantes y permite, al mismo tiempo, responder a los retos medioambientales, sociales y económicos cuya interrelación es diversa y, ciertamente, compleja.
Por otra parte, la participación ciudadana y la concienciación comunitaria emergen como pilares fundamentales en la construcción de una ciudad y, por extensión, en un mundo más sostenible. No se puede lograr solo desde las administraciones públicas o las empresas; la implicación activa de los ciudadanos es esencial para garantizar que las iniciativas tengan éxito y esto ha de hacerse desde las máximas garantías de transparencia y gobernanza efectiva. Empoderando a las comunidades en torno a los espacios y elementos que comparten, se promueve una cultura de sostenibilidad que puede amplificar sus efectos positivos a largo plazo. No se trata solo de una respuesta a los desafíos actuales, sino de una estrategia para garantizar un futuro más justo y próspero.
En un mundo cada vez más urbanizado, asegurar la sostenibilidad en las ciudades no es una opción, sino una necesidad. Solo a través de una planificación cuidadosa y una acción colectiva podremos crear espacios donde las futuras generaciones puedan prosperar en armonía con nuestro planeta.
Notas:
1 UN-Habitat (2016). Nueva Agenda Urbana. Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos (A/RES/71/256). New York, EE. UU.: United Nations.
