La memoria materializada en el territorio: Perspectiva de género y participación ciudadana en la legislación urbanística asturiana

Antecedentes

¿Cómo será o sería una ciudad, un pueblo, un barrio basado en el ecofeminismo, los comunes y los cuidados? Seguramente no tengamos aún la respuesta o las respuestas, pero cambiar los paradigmas en los que basamos nuestras prácticas es el primer paso, para buscar e indagar en soluciones.1

La integración de la perspectiva de género en el urbanismo español ha experimentado un avance desigual. Como han señalado recientemente Bermejo Lorenzo y Fernández García, si bien leyes pioneras como la Ley de Barrios de Cataluña (2004) o las normativas de Extremadura y País Vasco han abierto camino, la traslación de los principios de igualdad a la ordenación territorial rural sigue siendo un reto metodológico.2 En este contexto, el Gobierno del Principado de Asturias (legislatura 2019-2023) desarrolló el anteproyecto de la Ley Integral de Ordenación del Territorio de Asturias (LOITA), poniendo en marcha, entre otros, dos ejercicios piloto en el municipio de Grado (Grau en lengua asturiana). Estas experiencias, concebidas “como un banco de pruebas y experimentación de lo que podría llegar a suponer la puesta en práctica, real y legal, de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias”,3 buscaban verificar la viabilidad del borrador legislativo y reducir incertidumbres, permitiendo ajustes antes de su implementación.

El primer ejercicio aborda la pertinencia de los ensayos en la legislación urbanística.4 El segundo, desarrollado en este artículo, evalúa “el diseño y las determinaciones de los diferentes instrumentos de ordenación integral del territorio y urbanística, el análisis del impacto de los roles de género en el territorio y el medio urbano”.5 Las conclusiones tenían como objetivo nutrir el anteproyecto de ley.

Se buscaba una revisión de los postulados de la ordenación territorial y urbanística del medio rural, mediante la deconstrucción de la memoria preestablecida. Es decir, una comprensión crítica de la organización territorial a partir de la identificación de la estructura física y social del territorio para renovarlo y cambiar los paradigmas.

La memoria colectiva y la deconstrucción del territorio androcéntrico

La sostenibilidad social, tal como la define la Agenda 2030, implica ubicar a las personas en el centro de las decisiones y “no dejar a nadie atrás”.6 En este marco, la igualdad de género se erige como un elemento clave para el progreso de una sociedad cohesionada. Sin embargo, el género, como constructo social y cultural arraigado en la memoria, define comportamientos esperados que impactan de manera desigual en el territorio, especialmente en el medio rural. Este es un entorno que las mujeres han tendido a abandonar, utilizando la huida hacia los núcleos urbanos como estrategia de emancipación frente a estructuras patriarcales tradicionales.7

La situación social de las mujeres en estos entornos abarca dos realidades discriminatorias interconectadas: género y ruralidad. La ruralidad, como construcción social, aglutina un espacio simbólico que impregna la memoria colectiva de un cierto estigma, asociándose con la periferia respecto a los centros de poder donde se produce el conocimiento normativo. La memoria colectiva, tal como la definió Maurice Halbwachs, no es una suma de memorias individuales, sino una construcción social que se actualiza desde el presente y que el territorio materializa en sus formas de habitar.8

Esta memoria colectiva perpetúa la idea de contraposición entre rural y urbano, anclada en el pensamiento binario occidental que ha dividido el mundo en esferas opuestas: masculino/femenino, privado/público, productivo/reproductivo.9 Pierre Nora ha señalado que los “lugares de memoria” surgen precisamente cuando la memoria viva desaparece, cuando las comunidades ya no se reconocen en sus territorios: el paisaje rural en declive demográfico es, en este sentido, un lugar de memoria en estado de emergencia.10

La historia es testigo de esta constante dicotomía, materializada en límites físicos e intangibles que reflejan divisiones sociales profundamente arraigadas. Dolores Hayden ha demostrado que el paisaje urbano —y por extensión el rural— no es un escenario neutro, sino un palimpsesto de relaciones de poder en el que las memorias de género y clase quedan inscritas o borradas según los intereses dominantes.11 Por tanto, legislar sobre el territorio exige deconstruir esta memoria androcéntrica para dar cabida a nuevas identidades rurales, donde la diversificación económica se acompañe de una diversificación cultural y representacional de los espacios.12

El municipio de Grado

Grado es uno de los 78 municipios asturianos, con un modelo de asentamiento disperso propio del noroeste peninsular (básicamente Galicia y Asturias). Este modelo se caracteriza por la atomización del poblamiento, con un volumen muy importante de entidades de población muy próximas entre sí, lo que “rompe el esquema general del centro y sur de la península, donde una única entidad singular de población (o unas pocas) constituyen un municipio”.13

Grado está conformado por 187 entidades de población agrupadas en 28 parroquias14 y una villa,15 a una distancia de 24 km y 20 minutos en coche de Oviedo (Fig. 1), lo que genera una relación de dependencia que limita su autonomía y condiciona su demografía.

El reparto por edad y sexo confirma que el envejecimiento es femenino a partir de los 65 años, siendo mayoría los hombres en la franja de edad productiva y menores de 24 años (Fig. 2).16 También se confirma que el territorio rural es predominantemente masculino: el 72,53 % de las mujeres residen en la villa o en las parroquias mejor posicionadas respecto a esta o a las infraestructuras de comunicación (Figs. 3 y 4).

Se trata de un municipio que lleva perdiendo población de manera constante en las últimas décadas. Actualmente se encuentra con menos de la mitad de la población que llegó a habitar el municipio en la década de los años 20 del siglo pasado (19.878 habitantes) (Fig. 5).

Participación ciudadana. Diseño del proceso y resultados

En el primer Congreso Femenino Internacional sobre Vivienda y Urbanismo, celebrado en Bonn en 1963,17 se plantearon una serie de demandas en relación con la necesidad de la participación de las mujeres, el lenguaje utilizado y el fomento a través de la divulgación; cuestiones que siguen pendientes, ya que “ninguno de los 3 asuntos ha sido a día de hoy resuelto”.18

Bajo estas demandas, la redacción de la LOITA plantea como objetivo de partida otorgar al proceso tanta importancia como al fin, persiguiendo el “compromiso ciudadano”.19 Para ello, se puso en práctica la escucha activa como procedimiento esencial para construir colectivamente el territorio. Esta se dirigió a técnicos cualificados y a la ciudadanía que vive en el territorio, desarrolla su proyecto de vida y cuida de un bien valioso que nos provee de recursos.

Se diseñó una metodología que permitiera conocer y medir esta realidad territorial, identificando carencias y problemas. Aunque el proceso participativo global incluyó entrevistas, talleres y observación analítica, el presente artículo se centra exclusivamente en la explotación cuantitativa y cualitativa del cuestionario, por ser el instrumento que permite una segregación sistemática de las brechas de género.

El cuestionario, dirigido a los vecinos y vecinas del municipio con un lenguaje claro y diseño accesible, se distribuyó por correo electrónico, redes sociales y mensajes digitales. Se buscaban respuestas breves, con opción a comentarios, para obtener información valiosa. Para segregar el resultado, se exigió como respuesta obligatoria la identidad de género. Bajo este filtro, se identificaron 99 mujeres, 60 hombres y 2 personas con otras identidades (N=161). Estos participantes se segregaron por franja de edad y lugar de residencia.

Cinco indicadores guiaron todas las fases del proceso, elaborados sobre la base de una variedad de documentos:20 población, transporte y movilidad, vida cotidiana y cuidado, acceso a la vivienda y percepción de seguridad en el espacio público.

La calidad de la participación ciudadana en procesos de planificación territorial no puede evaluarse únicamente por el número de participantes, sino por el grado de influencia real que la ciudadanía ejerce sobre las decisiones. El modelo de la “escalera de participación” de Sherry Arnstein sigue siendo el marco de referencia para distinguir entre participación simbólica y participación efectiva.21 En este sentido, el proceso diseñado para la LOITA aspiraba a superar los escalones meramente consultivos para alcanzar formas de codecisión ciudadana. Análisis recientes sobre la integración de la perspectiva de género en los planes de urbanismo de ciudades españolas confirman que esta aspiración es posible pero requiere voluntad política sostenida y metodologías específicas.22

Transporte y movilidad

Se estudió el tiempo24 y la manera de llegar a los servicios necesarios en el día a día: educación, centro de salud, comercio, cultura, servicios varios (como Correos o la oficina bancaria); o a Oviedo, para otros servicios más especializados de uso esporádico (Fig. 6).

Según los resultados, las mujeres caminan más que los hombres en sus desplazamientos (una diferencia del 10 %). El coche particular es el medio más habitual de transporte para los hombres, superando en un 9 % al uso femenino. Para la gran mayoría, su núcleo de referencia es Grado, aunque un 11 % más de mujeres tiene como núcleo de referencia Oviedo. Es decir, se desplazan más lejos, empleando más tiempo (una diferencia del 6 % con respecto a los hombres en la franja de más de 30 minutos).

En referencia al tiempo empleado en los desplazamientos al colegio, escuela infantil, centro de día o social, las mujeres emplean sistemáticamente más tiempo, con diferencias de entre un 9 % y un 12 % en las franjas superiores a 15 minutos. Una tendencia similar se observa para llegar a lugares relacionados con la salud (farmacia o centro de salud), así como a bancos o Correos. En el caso del hospital, un 9 % más de mujeres que hombres emplea entre 15 y 30 minutos, mientras que los hombres superan a las mujeres en la franja de dedicación de menos de 15 minutos.

En cuanto al acceso al comercio, los datos se igualan más, aunque persisten diferencias: un 6 % más de hombres emplea menos de 15 minutos. El acceso a la cultura (cine, teatro, biblioteca) muestra una distribución más dispersa, lo que podría estar relacionado con el tipo de cultura que cada género consume mayoritariamente (cultura de proximidad frente a eventos más lejanos).

Por último, en el acceso al transporte público (tren y autobús), el resultado es significativo y parece tener relación con la ubicación de las infraestructuras. Estando las estaciones situadas en ambos extremos de la villa (Fig. 7), el acceso al ferrocarril —en una posición de mayor centralidad— es relativamente similar en ambos géneros (entre un 6 % y un 2 % de separación según la franja de tiempo). Sin embargo, en el acceso a la estación de autobuses, la diferencia se dispara: un 19 % más de hombres manifiesta que le lleva menos de 15 minutos llegar a la estación en comparación con las mujeres. Esta brecha no es accidental, sino la materialización en el territorio de lo que Hayden (1995) denomina la inscripción de las relaciones de poder: infraestructuras diseñadas desde la memoria de un sujeto masculino, motorizado y productivo, que penalizan la movilidad de proximidad y los cuidados.

Este dato sugiere una correlación con el medio de transporte utilizado (caminando frente a coche privado), poniendo de manifiesto la necesidad de ubicar las estaciones de transporte público en posiciones de centralidad y facilitar la intermodalidad para deconstruir este sesgo.

En los desplazamientos al aeropuerto, la franja por encima de media hora es la mayoritaria, siendo un 14 % más de hombres a los que les lleva entre 30 minutos y una hora. Sin embargo, un 9 % más de mujeres responde que le lleva más de una hora.

Conclusiones

El resultado de este cuestionario, cruzada la información con los datos estadísticos del municipio de Grado, nos lleva a una serie de conclusiones que pudieran resultar de interés en la redacción de la LOITA, así como extrapolables a cualquier ley del territorio y urbanismo.

Escala. En poblaciones pequeñas como la villa de Grado, el factor escala es muy favorable a la calidad de vida de la ciudadanía en cuanto a ratio de servicios por habitante. Resultan accesibles para el desarrollo de las necesidades cotidianas y del cuidado. Las leyes del territorio en general, y la LOITA en particular (dada la singularidad del territorio asturiano), deben hacer una clara distinción según se aborde la ordenación de las diferentes escalas de los entornos urbanos: grandes ciudades, ciudades intermedias o villas aglutinadoras del medio rural, como cabeceras de municipios o comarcas. Asimismo, deben fomentar o limitar crecimientos a favor de la interacción y diseño de mallas territoriales conectadas, evitando con ello grandes aglomeraciones a favor de asentamientos accesibles a la escala humana y de proximidad.

Tiempo. El uso y la percepción del tiempo tienen mucho que ver con los roles de género. Por tanto, la conciencia del mismo tiene relación directa con el momento y dedicación en el día a día de una persona (si el cuidado se realiza en jornada laboral o en tiempo de descanso, como fines de semana). De ahí la importancia de incluir la variable tiempo, no solo distancia, en la planificación, mediante indicadores geolocalizados que permitan tomar decisiones bajo parámetros que minimicen la incertidumbre.

Indicadores. Se debe diagnosticar y ordenar los territorios siguiendo indicadores adaptados a cada modelo territorial. Se precisa un cambio de la estandarización hasta ahora utilizada, heredada del Reglamento de 1976,32 al diseño dinámico del territorio gracias a la tecnología de geolocalización actual. Esto permite medir el acceso a los servicios públicos bajo las variables de cantidad y distancia, lo que, implementado de manera adecuada, podría contribuir a preservar el equilibrio demográfico en el medio rural.

Espacio público. Es el espacio social más democrático por antonomasia. Por eso, en su diseño es fundamental que se tenga en cuenta la integración de la diversidad social y su función como facilitador de la convivencia. Se debe atender no solo a los estándares de cantidad, sino también de calidad y mantenimiento, donde una serie de indicadores deberían ser la guía para ello: ubicación, soleamiento, sombra, comodidad, accesibilidad, confort acústico y ambiental, iluminación, percepción de seguridad, limpieza y estado de conservación; componentes todos ellos ligados al buen diseño del espacio y la percepción de seguridad.

Movilidad sostenible. La omnipresencia del vehículo privado en el medio rural, y más en una orografía compleja, limita mucho a quien no lo tiene: menores o personas de edad avanzada. Resulta necesario trabajar en la mejora de los itinerarios peatonales y ciclables. Itinerarios que tengan en cuenta el ciclo completo de vida, especialmente aquel más dependiente (la infancia y los mayores), que facilitarían cierta autonomía e impacto positivo en la salud mental de cuidadores y personas cuidadas.

Participación y representación. Resulta necesario dar un salto cualitativo en la manera de involucrar a la ciudadanía en los procesos de pensamiento y transformación del entorno construido donde se desarrolla la vida. Para ello se necesitan herramientas legales que sistematicen e introduzcan metodologías de escucha activa de las personas que habitan el territorio, que permitan entender determinadas dinámicas. Establecer procesos amplios, diversos y heterogéneos, donde se dé cabida a todo tipo de sensibilidades, experiencias y situaciones, que no dependan únicamente de la voluntad política de cada momento. De ahí la importancia de la selección de la muestra en los procesos de participación ciudadana, de manera que sea lo suficientemente representativa de las diversas realidades.

Formación específica y conocimiento experto. En el desarrollo del estudio, se ha detectado ausencia de aplicación de la perspectiva de género a la hora de recabar datos, así como falta de conocimiento de su necesidad e implementación. Para que los municipios puedan incorporar la perspectiva social y de igualdad, el personal que diagnostica y ejecuta políticas debe tener formación y sensibilidad en la materia. La memoria materializada en inercias sigue causando estragos entre el personal al servicio de la administración pública.

Reto demográfico. Se necesita promover un equilibrio territorial que permita mantener la población y sostener el desarrollo de la vida. De lo contrario, la vida en la ciudad estará comprometida. El territorio abastece de alimento, energía, agua, oxígeno, materias primas y biodiversidad; en definitiva, todos los servicios ecosistémicos para la vida. Para ello, las leyes del territorio deben dotar de acceso a los servicios en igualdad de derecho a la ciudadanía del medio rural, así como garantizar acceso al empleo como medio de vida, mediante la planificación ordenada de los usos del territorio.

Cambio de paradigma normativo. Es necesario deshacer de nuestra memoria costumbres y maneras de hacer adquiridas; adoptar un enfoque disruptivo frente a los marcos conceptuales heredados a la hora de llevar a cabo cualquier proceso dentro de la administración pública. En particular a la hora de legislar, por la capacidad transformadora que estas herramientas ponen a disposición. Promover la divulgación y pedagogía por medio de guías y manuales es de ayuda para extraer de estas herramientas el máximo rendimiento. Siendo conscientes de que no es lo único, es necesaria la voluntad de cambio. De ahí la importancia de conocer a fondo el origen de construcción de la memoria colectiva que permita llevar a cabo un cambio de paradigma.

En definitiva, la experiencia de Grado demuestra que la memoria materializada en el territorio no es inmutable. La legislación urbanística, cuando se nutre de procesos participativos segregados por género, deja de ser un instrumento técnico supuestamente neutro para convertirse en una herramienta de corrección de desigualdades históricas, capaz de reescribir el palimpsesto territorial hacia modelos más equitativos.